El colectivo ciudadano advierte de que priorizar el agua industrial frente a los recursos subterráneos hará a la isla más dependiente del petróleo y beneficiará exclusivamente a los dueños de los pozos salinizados.
Redacción El Faro de La Palma – 20 de abril de 2026
La Asociación Agua para La Palma ha alzado la voz contra la política hidráulica del Cabildo y su Consejo Insular de Aguas (CIALP), denunciando lo que consideran una «renuncia irresponsable» a la soberanía hidrológica de la isla. Según el colectivo, la apuesta por instalar costosas plantas desaladoras, que dependen de combustibles fósiles, es una medida injustificada en una isla que cuenta con recursos subterráneos suficientes para cubrir cuatro veces su consumo anual.
Esta denuncia coincide con las recientes advertencias de la Comisión Europea, que ha instado a los estados miembros a gestionar mejor los recursos hídricos existentes antes de recurrir a la desalación, una solución que Bruselas considera solo justificable en casos de extrema necesidad debido a su alto coste energético y ambiental.
Un sistema obsoleto con pérdidas del 50% Desde la asociación se critica que, mientras se invierte en agua industrial, el sistema actual languidece con redes de transporte que pierden hasta la mitad del agua que portan. «Debajo de nuestros pies está el agua que necesita La Palma, pero el sistema está obsoleto, con pozos sobreexplotados y galerías que tiran el agua a los barrancos cuando baja la demanda», enfatizan.
Para Agua para La Palma, la construcción de desaladoras por vía de emergencia —como la de Breña Baja— en años de lluvias generosas, solo responde al interés de «entregar la isla al negocio del agua industrial», dejando el precio del recurso a expensas de las crisis internacionales del petróleo.
El Túnel de Trasvase: el «tesoro» infrautilizado El colectivo pone el foco en el Túnel de Trasvase como la alternativa lógica y económica. Se trata de una galería pública de agua de excelente calidad que aún tiene pendientes de perforar cuatro kilómetros y medio en el mejor acuífero de la isla. Según la asociación, la falta de inversión en esta infraestructura responde al interés de mantener el «agua cara» de los pozos privados.
¿A quién beneficia esta política? La asociación cuestiona también los argumentos técnicos que achacan la salinización de los pozos al volcán Tajogaite, atribuyéndola en cambio a la sobreexplotación costera. Sostienen que la política actual solo beneficia a los dueños del 10% del agua de la isla (los pozos salinizados), que podrán seguir operando mezclando su agua de mala calidad con la desalada, a costa de desviar fondos públicos de servicios básicos como sanidad o educación.
Finalmente, denuncian que la gestión pública está en manos de responsables que, o bien reconocen su falta de conocimiento en la materia, o bien proceden profesionalmente del sector de la producción de aguas industriales, lo que explicaría el actual rumbo de la política insular.
