Mientras los promotores denuncian la lentitud de los trámites para construir, se desmantelan viviendas temporales del volcán a pesar de la emergencia habitacional y los alquileres desorbitados.
Santa Cruz de La Palma – La asfixia del mercado de la vivienda en Santa Cruz de La Palma, un problema que expulsa a las nuevas generaciones por la falta de oferta y los precios inasumibles, es solo la punta del iceberg de una crisis con raíces más profundas que se extienden por toda la isla. Dos factores agravan la situación hasta convertirla en un laberinto sin salida aparente: una burocracia exasperantemente lenta y decisiones institucionales difíciles de comprender.
Promotores y particulares que desean construir o rehabilitar viviendas en La Palma se enfrentan a un muro de trámites y licencias que puede demorar los proyectos durante años. Esta lentitud administrativa, un mal endémico reconocido por el propio Gobierno de Canarias con la aprobación de decretos para «agilizar» los procesos, frena en la práctica la creación de nuevas viviendas, desincentiva la inversión y perpetúa la escasez.
En este contexto de parálisis, resulta aún más incomprensible la noticia que saltaba el pasado mes de agosto: el inicio de la retirada de las casas modulares y contenedores que servían de hogar a los afectados por el volcán. Según fuentes oficiales, la medida busca «cerrar una etapa de emergencia» ahora que los afectados han empezado a recibir las compensaciones.
Sin embargo, la pregunta es inevitable: en una isla con una emergencia habitacional declarada, con familias luchando por encontrar un alquiler asequible y con el parque público bajo mínimos, ¿qué sentido tiene desmantelar viviendas, por muy temporales que sean, en lugar de readaptarlas para otros colectivos vulnerables? La contradicción entre la necesidad urgente de la calle y los tiempos de la administración no podría ser más evidente.
