Redacción El Faro de La Palma · 24 de mayo de 2026

La política española vive una de sus semanas más convulsas. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero —el primer expresidente del Gobierno de la democracia investigado por presunta corrupción— ha situado al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante un escenario delicado: un cerco judicial que se ensancha y una mayoría parlamentaria que cada vez se sostiene con más dificultad.

Qué le atribuye el juez a Zapatero

El 19 de mayo, el magistrado José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, imputó a Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La decisión no tiene precedentes: es la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno es investigado formalmente por corrupción.

Según el auto judicial —conviene subrayar que se trata, por ahora, de indicios y no de hechos probados—, el expresidente habría liderado «una estructura estable y jerarquizada» dedicada al tráfico de influencias. El instructor calcula que Zapatero y su entorno habrían obtenido un beneficio cercano a los 1,9 millones de euros a través de distintas sociedades. El expresidente está citado para declarar ante el juez el 2 de junio.

Plus Ultra, el caso que está en el origen

La investigación gira en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra. En 2021, el Gobierno concedió a la compañía un préstamo de 53 millones de euros con cargo al fondo público creado para auxiliar a empresas consideradas estratégicas durante la pandemia. La instrucción trata de determinar si ese rescate vino acompañado del pago de comisiones y de gestiones irregulares para favorecer a la aerolínea.

El juez sostiene que la presunta trama habría operado con documentación simulada, contratos de consultoría hechos a medida y estructuras financieras opacas, con ramificaciones en varios países. En el marco de la investigación, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal registraron el despacho de Zapatero en Madrid y varias empresas vinculadas a personas de su círculo.

La respuesta del expresidente

Zapatero ha negado con rotundidad las acusaciones. En una declaración difundida tras conocerse su imputación, aseguró no haber realizado «ninguna gestión» ante administración pública alguna en relación con el rescate de Plus Ultra. También ha negado tener sociedades o vehículos societarios fuera de España y ha sostenido que todos los ingresos de su actividad profesional están declarados conforme a la normativa fiscal española.

Un cerco judicial que se ensancha

El caso Plus Ultra no es el único frente abierto. El llamado caso Koldo mantiene investigado en el Tribunal Supremo al exministro de Transportes José Luis Ábalos por la presunta adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia. La acumulación de causas ha instalado en el debate político la imagen de un Gobierno «cercado» por los asuntos judiciales, una expresión que la oposición repite y que el Ejecutivo rechaza.

El Partido Popular ha calificado la situación de «gravedad extrema» y ha reclamado la comparecencia urgente de Pedro Sánchez. Desde el Gobierno y el PSOE, en cambio, se han cerrado filas en torno a Zapatero: fuentes del Ejecutivo admiten que el auto es «serio» y que contiene indicios, pero mantienen su respaldo al expresidente «hasta que existan pruebas». El propio Sánchez salió en su defensa y reconoció que su partido atraviesa «momentos duros».

Una mayoría que ya no suma

A la presión judicial se añade la aritmética parlamentaria. Sin el apoyo de Junts, el bloque que invistió a Sánchez —PSOE, Sumar, ERC y Bildu— se queda en 172 diputados, por debajo de los 176 que marcan la mayoría absoluta del Congreso. El partido de Carles Puigdemont da por agotada la legislatura, ha pedido al presidente que convoque elecciones y explora una ruptura definitiva con los socialistas.

El bloqueo de la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional ha tensado aún más esa relación. Varios socios del Ejecutivo describen ya la legislatura como un tramo final, y fuentes socialistas hablan abiertamente de «zona de riesgo extremo». La combinación de causas judiciales y debilidad parlamentaria dibuja, para el Gobierno, uno de los momentos más complicados de la legislatura.

La cita del 2 de junio, cuando Zapatero declare ante el juez Calama, marcará el siguiente capítulo de un caso que ha trascendido las fronteras —medios internacionales se han hecho eco de la imputación— y que, ocurra lo que ocurra en sede judicial, ya ha dejado una huella política profunda.

Fuente: auto de la Audiencia Nacional y seguimiento de la prensa nacional e internacional. Análisis y elaboración propia de la Redacción de El Faro de La Palma.