Redacción El Faro de La Palma · 22 de mayo de 2026

La Palma ha multiplicado por diez el número de resoluciones de discapacidad con derecho reconocido. Si entre julio y diciembre de 2023 la isla registró 56, entre enero y mediados de mayo de 2026 ya suma 593. Es uno de los datos que la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, presentó este viernes en el Parlamento para ilustrar la transformación del sistema de atención a la discapacidad.

Atrás los cinco años de espera

Delgado defendió ante la Comisión de Discapacidad del Parlamento que las medidas adoptadas desde el inicio de la legislatura han permitido dejar atrás un modelo que llegaba a acumular retrasos de hasta cinco años para obtener una valoración. “La ciudadanía no podía seguir pagando con años de espera la inercia de la Administración”, señaló la consejera, que resumió el cambio asegurando que Canarias ha pasado de explicar problemas a poder explicar también resultados.

Un sistema desdoblado y con normas nuevas

Entre las decisiones clave, el Gobierno separó la gestión de la dependencia y la de la discapacidad, y dotó a esta última de una dirección general propia. La reforma se completó con los Decretos-ley 4/2025 y 5/2025, que agilizan los procedimientos, dan prioridad a todos los menores de 18 años y permiten, en determinados casos, valoraciones no presenciales o documentales.

7.141 resoluciones en lo que va de 2026

Los datos presentados reflejan el avance en todo el Archipiélago: entre enero y mediados de mayo de 2026 se han emitido 7.141 resoluciones de discapacidad con derecho reconocido, frente a las 2.729 del segundo semestre de 2023. El incremento se repite isla por isla, y el de La Palma es de los más llamativos, con el salto de 56 a 593. La consejera subrayó que las islas no capitalinas ya se mueven en el entorno del plazo legal de 180 días, al igual que los expedientes de menores de edad.

Acercar la Administración a la ciudadanía

Delgado destacó el proyecto ITINERA, financiado con el Fondo Social Europeo Plus, que ha desplegado equipos de valoración descentralizados en varios municipios de Tenerife y Gran Canaria para descongestionar las zonas con más presión asistencial. A ello se suma un acuerdo con el Servicio Canario de la Salud, dotado con 2,5 millones de euros, que ha formado a 250 profesionales y ha mejorado la coordinación gracias al acceso a la historia clínica electrónica.

La consejera defendió además que la política de discapacidad debe ir más allá de la tramitación administrativa y avanzar hacia la participación social plena, con nuevas líneas de inserción laboral junto a Inserta, de la Fundación ONCE, y la colaboración con CERMI Canarias y el Instituto Canario de Igualdad.

Fuente: Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.