PP y Cabildo de La Palma coinciden en pedir una enmienda a la Ley de Viviendas Vacacionales para que los propietarios afectados por el volcán mantengan su número de registro turístico y los derechos reconocidos.
Por Redacción El Faro de La Palma · 30 de abril de 2026
Las viviendas vacacionales que quedaron sepultadas o inutilizables por la erupción del Tajogaite en 2021 podrían recuperar su licencia turística una vez reconstruidas, sin tener que esperar al periodo mínimo de antigüedad que la Ley de Viviendas Vacacionales exige para nuevas altas. Esa es la propuesta que está sobre la mesa del Parlamento de Canarias, en forma de enmienda durante la tramitación del nuevo Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
Qué propone exactamente la enmienda
La medida plantea tres puntos clave. Primero, las viviendas vacacionales que estaban legalmente habilitadas conforme al decreto 113/2015 y que fueron destruidas por las coladas conservarán su número de registro turístico y todos los derechos reconocidos. Segundo, una vez reconstruidas, no tendrán que cumplir el requisito de antigüedad mínima exigido con carácter general a las nuevas altas. Y tercero, los plazos contarán desde el momento en que la vivienda reconstruida obtenga la habilitación de primera ocupación, siempre que esta se acredite antes de finales de 2030.
Para demostrar que la vivienda reconstruida corresponde a la destruida, los propietarios podrán acreditarlo mediante su inscripción en el Registro Único de Personas Afectadas por la Erupción Volcánica de La Palma o cualquier otro documento válido en derecho.
A quién afecta y por qué importa
La medida está pensada principalmente para los propietarios del Valle de Aridane, donde se concentraban la mayoría de las viviendas vacacionales sepultadas. Según los datos manejados por las propias administraciones, se trata en su mayoría de familias palmeras y pequeños propietarios, no de grandes operadores turísticos. Recuperar esas camas alojativas significaría reactivar parte de la actividad económica que el municipio perdió con la erupción.
Una propuesta con dos paternidades
El debate de las últimas horas no es por el fondo —en el que coinciden todas las administraciones— sino por la autoría de la propuesta. El Partido Popular de La Palma, a través de su presidente insular Mariano Zapata, recordó este jueves que ya en mayo de 2024 se reunió con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias para pedir expresamente esta excepción para los afectados por la erupción. La diputada regional Raquel Díaz defendió que «aprobar una medida que protege los intereses de los propietarios de las viviendas vacacionales sepultadas por la lava va más allá de los intereses partidistas».
El Cabildo de La Palma, presidido por Sergio Rodríguez (Coalición Canaria), también ha trasladado al Parlamento canario la misma propuesta vía enmienda. Ambas administraciones reclaman el mismo cambio normativo, aunque difieran en quién lo planteó primero.
Próximos pasos
La enmienda deberá superar la tramitación parlamentaria. Si los grupos coinciden en el fondo —como apuntan los movimientos del PP, CC y el Cabildo—, la modificación podría incorporarse en la versión final del Proyecto de Ley. El plazo límite para que los propietarios acreditados acojan esta excepción quedaría fijado en finales de 2030, casi diez años después de la erupción.
