El incremento, efectivo desde enero, beneficia a miles de palmeros con una subida general del 2,7%, que llega al 11,4% en el caso del Ingreso Mínimo Vital y las pensiones mínimas de viudedad.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 3 de febrero de 2026.
SANTA CRUZ DE LA PALMA | El Consejo de Ministros ha blindado este martes la subida de las pensiones para 2026, una medida que impacta directamente en la economía de miles de familias en La Palma. Con la aprobación de este Real Decreto-ley, se hace oficial la revalorización que ya se venía aplicando desde el 1 de enero, garantizando que los pensionistas de la isla no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.
¿Cómo afecta esta subida a su bolsillo?
La revalorización no es igual para todos los beneficiarios, ya que se ha priorizado a las rentas más bajas y a los colectivos vulnerables:
- Pensión media de jubilación: El incremento supone unos 570 euros adicionales al año.
- Subida general: Las pensiones contributivas y de Clases Pasivas suben un 2,7%.
- Pensiones mínimas y no contributivas: El aumento supera el 7%.
- Viudedad e Ingreso Mínimo Vital (IMV): Las cuantías para viudedad con cargas familiares y los beneficiarios del IMV suben un 11,4%.
Para un hogar unipersonal en La Palma con un titular mayor de 65 años, la pensión mínima se sitúa ahora en 13.106,80 euros anuales, lo que supone un alivio financiero respecto a los 12.241 euros del año anterior.
Mejoras para colectivos específicos
Además del dinero directo en cuenta, el decreto incluye medidas de calado social. Una de las más relevantes para la realidad de nuestra isla es la nueva cotización adicional para bomberos y agentes forestales. Esta medida reconoce la «especial penosidad y peligrosidad» de su trabajo, permitiéndoles activar coeficientes para anticipar su edad de jubilación, un derecho largamente reclamado por los profesionales que cuidan de nuestros montes.
Asimismo, se prorroga hasta finales de año la posibilidad de que los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria puedan seguir trabajando mientras cobran parte de su jubilación, una medida clave para intentar paliar la falta de facultativos en los centros de salud de la isla.
