Redacción El Faro de La Palma · 11 de junio de 2026

Una de cada cuatro viviendas de La Palma está vacía. Esa es la cifra que ciudadanía y colectivos de la isla sacarán a la calle el viernes 26 de junio en Los Llanos de Aridane, en una manifestación convocada a las 18:00 horas bajo el lema «La vivienda nos cuesta la vida». La protesta palmera se suma a las ya anunciadas en Tenerife y Gran Canaria este mes, en unas jornadas de movilización por el derecho a la vivienda en todo el archipiélago.

Los convocantes dibujan una emergencia habitacional agravada en La Palma por la crisis del volcán: precios de compra y alquiler en escalada constante durante el último año y hogares que, en las zonas más tensionadas, destinan hasta el 52% de sus ingresos a pagar la vivienda. A ello suman dos fenómenos que estrechan la oferta: la compra de vivienda por no residentes —hasta un 60% de las operaciones en las islas se cierran sin hipoteca, señal de capital foráneo y fondos de inversión— y el crecimiento de la vivienda vacacional.

No solo afecta a quien busca casa

El argumento central de la convocatoria es que la crisis de vivienda condiciona al conjunto de la sociedad palmera, no solo a quien busca alquiler. Los convocantes recuerdan que la falta de casas dificulta cubrir plazas de sanitarios y docentes que quieren venir a trabajar a la isla y no encuentran dónde vivir, expulsa a los jóvenes que no pueden emanciparse, envejece la demografía y resta capacidad de consumo a las familias: cada euro de más en el alquiler es un euro menos en el comercio local.

También ponen el foco en el coste invisible: la salud. El miedo a un desahucio para convertir la casa en vivienda vacacional o a una subida abusiva «genera ansiedad, problemas de sueño» y lleva a muchos inquilinos a no ejercer sus derechos —ni siquiera pedir la sustitución de un electrodoméstico roto— por temor a que no les renueven el contrato.

Un parque público del 2,5%

Frente a esa emergencia, los datos comparados que manejan los convocantes son contundentes: la vivienda pública apenas supone el 2,5% del parque residencial en La Palma y en Canarias, frente al 34% de Países Bajos o el 24% de Austria. Y critican que ninguna administración —Gobierno de Canarias, Cabildo o ayuntamientos— está aplicando las herramientas disponibles: ni se moviliza la vivienda vacía (no existe siquiera un inventario público de cuántas podrían volver al mercado), ni se declaran zonas tensionadas para contener los precios.

La convocatoria está abierta a ciudadanía, colectivos sociales, sindicatos y asociaciones vecinales. «Si no se toman medidas, los precios seguirán subiendo y la emergencia seguirá agravándose. Saldremos a la calle para exigir soluciones, porque la vivienda es un derecho básico, no puede ser un negocio ilimitado», concluyen.

Fuente: convocantes de la manifestación por el derecho a la vivienda en La Palma.