La diputada del PP lamenta que, cuatro años después de la erupción, aún haya personas viviendo en contenedores o casas de madera, y reclama plazos claros para las promociones de municipios como Tijarafe, Los Llanos de Aridane o Tazacorte.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 19 de enero de 2026.
LA PALMA / CANARIAS.- La diputada del Partido Popular por La Palma en el Parlamento de Canarias, Raquel Díaz, ha trasladado al Gobierno regional la urgencia de acelerar la ejecución del Plan La Palma 700. Durante su intervención en la última comisión parlamentaria, Díaz reclamó al consejero de Vivienda plazos concretos y una mayor agilidad en los trámites y obras para dar respuesta a la «demanda social urgente» que atraviesa la isla tras la pérdida de más de 1.300 hogares por el volcán.
Para la diputada popular, la vivienda en La Palma no puede ser tratada como un trámite administrativo ordinario, sino como una pieza clave para la reconstrucción social. Díaz subrayó que, aunque se valora el esfuerzo de la Consejería por desbloquear procedimientos burocráticos, la realidad a pie de calle es que muchas familias siguen sin recibir las llaves de sus hogares definitivos.
Municipios en espera de soluciones reales
Raquel Díaz puso el foco en varios proyectos que presentan avances lentos o bloqueos que preocupan a la ciudadanía. Según la diputada, es necesario priorizar la ejecución real en las siguientes localidades:
- Tijarafe y Puntallana: Donde se requieren avances significativos en las promociones anunciadas.
- Breña Baja y Tazacorte: Proyectos que deben traducirse en soluciones habitacionales efectivas de forma inmediata.
- Los Llanos de Aridane: El municipio más afectado, donde la necesidad de vivienda protegida es crítica.
Una realidad humana tras los expedientes
La diputada recordó que la situación habitacional en la isla es alarmante: cuatro años después de la tragedia volcánica, todavía hay familias residiendo en contenedores, casas de madera o alojamientos provisionales. A esta situación se suman las cerca de 600 personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, algunas de las cuales llevan más de una década esperando por un hogar.
«La reconstrucción no puede medirse solo en expedientes; las familias necesitan certezas y saber cuándo podrán recibir las llaves de sus hogares», insistió Díaz. Aunque reconoció el trabajo realizado por la Consejería para sentar las bases a medio y largo plazo, reiteró que para quienes lo perdieron todo, la urgencia es el presente.
Desde el Partido Popular se reafirma el compromiso de vigilar que el Plan La Palma 700 se cumpla «en tiempo y forma», apostando por una política de vivienda responsable y coordinada que devuelva la esperanza a los palmeros que continúan en situación de precariedad habitacional.
