La portavoz del Grupo Popular, Nieves Hernández, advierte que la formación de personal es insuficiente si no se garantiza una estructura operativa que dé respuesta ágil a las familias de la isla.
Cuando la formación no se traduce en soluciones
Por Nieves Hernández
En política social no basta con anunciar medidas ni con invertir recursos puntuales. Lo verdaderamente importante es que las decisiones tengan un impacto real en la vida de las personas. Y, en La Palma, esa realidad no se está produciendo en un ámbito tan sensible como la valoración del grado de discapacidad.
Hace unos meses se anunció la formación de profesionales del Cabildo de La Palma con el objetivo de agilizar las valoraciones y dar estabilidad al sistema. Sobre el papel, se trataba de una medida positiva que buscaba reforzar la capacidad de respuesta de la administración.
Sin embargo, la realidad actual es distinta. Formar profesionales no es lo mismo que contar con un equipo estable, coordinado y en funcionamiento. En este momento, la isla no dispone de un sistema que garantice continuidad en las valoraciones, lo que genera incertidumbre y retrasos en un procedimiento fundamental para muchas familias.
Un sistema que ha perdido operatividad
Esta situación resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que, hasta fechas recientes, existía un convenio de colaboración que permitía disponer de un equipo de valoración permanente. Aunque era un sistema mejorable, ofrecía una estructura operativa que daba respuesta a las necesidades existentes.
La cuestión que se plantea ahora es clara: cómo se articula el trabajo de los profesionales formados si no existe un equipo consolidado que garantice la continuidad del servicio. Sin una organización adecuada, el esfuerzo formativo pierde eficacia y no se traduce en mejoras reales.
Derechos en juego
La valoración del grado de discapacidad no es un trámite administrativo más. Es la puerta de acceso a derechos fundamentales como:
- Prestaciones económicas.
- Apoyos y recursos sociales.
- Atención sociosanitaria especializada.
Retrasar estos procesos implica, en la práctica, limitar el acceso de las personas a esos derechos. Detrás de cada expediente hay personas que no pueden esperar. Familias que necesitan certezas. Situaciones personales que requieren respuestas ágiles por parte de la administración.
Por ello, resulta necesario dar un paso más y reforzar el sistema con una planificación clara. La Palma necesita contar con un equipo estable de valoración de discapacidad, dotado de medios suficientes, coordinado y plenamente operativo.
Avanzar en esta línea no es solo una cuestión de gestión administrativa, es una responsabilidad social. Porque cuando hablamos de derechos, el tiempo también importa. La isla necesita pasar de los anuncios a las soluciones. Y hacerlo con eficacia, continuidad y compromiso con las personas.
