El informe de Cáritas y el Cabildo destapa la «carrera de obstáculos» administrativa: el 46% de los afectados tiene que acarrear agua desde fuentes o playas para sobrevivir y solo el 17% ha recibido la visita de un trabajador social en el lugar donde malvive.
DIRECTOR. EL FARO DE LA PALMA, 21 de noviembre de 2025.
SANTA CRUZ DE LA PALMA. Vivir en la calle es duro, pero intentar salir de ella en La Palma parece una misión imposible debido a las trabas administrativas y la falta de servicios básicos. El informe ‘Exclusión Residencial Extrema 2024’, elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife, no solo habla de perfiles humanos, sino que pone el dedo en la llaga de la gestión: la administración, lejos de ser un salvavidas, a menudo se convierte en un muro.
El estudio revela dos datos que cuestionan el estado del bienestar en la Isla: la dificultad para acceder al Padrón Municipal —la llave de todos los derechos— y la increíble realidad de que, en pleno siglo XXI, hay personas que no tienen acceso a agua potable.
El muro del Padrón: invisibles por decreto El empadronamiento es la puerta de entrada a la ciudadanía. Sin él, no hay tarjeta sanitaria, no hay ayudas sociales y no hay voto. A pesar de que la ley permite empadronar a personas sin domicilio fijo (en albergues, servicios sociales o lugares ficticios), la realidad en La Palma es desoladora.
Según los datos recabados en las 218 entrevistas del informe, menos de la mitad de las personas atendidas (el 42,7%) recibió la oferta de empadronarse por parte de los Servicios Sociales municipales. Es más, solo al 4,7% se le asesoró sobre sus derechos.
Esto genera un círculo vicioso: sin padrón no hay ayudas, y sin ayudas no se sale de la calle. El informe es tajante al recomendar que se agilicen estos trámites independientemente de la situación habitacional, ya que es el primer paso para dejar de ser un fantasma administrativo.
La sed: acarrear agua para sobrevivir Quizás el dato más impactante del estudio es el relacionado con la higiene y la supervivencia física. Un 10,6% de las personas en exclusión residencial extrema no tiene acceso alguno a agua potable.
Para el resto, conseguirla es un trabajo diario. El 46,6% de los encuestados debe desplazarse de su lugar de pernocta y acarrear el agua hasta su refugio. De ellos, un grupo significativo tiene que recorrer distancias de entre 100 metros y un kilómetro cargando con garrafas.
¿De dónde sacan el agua?
- El 45% se abastece de tomas en zonas públicas (jardines, duchas de playa).
- Un 7,8% depende de tomas ilegales.
- Solo un exiguo 0,5% recibe el agua directamente como ayuda de los servicios sociales.
Esta falta de agua tiene consecuencias directas en la salud. El 18,3% admite no tener medios para conservar alimentos o medicamentos , y un 19,3% ha renunciado a comer o hacer sus necesidades fisiológicas cuando ha estado enfermo porque no tenía cómo asearse o limpiar.
Desconexión: Los técnicos no pisan el terreno El informe también lanza una crítica constructiva a la metodología de intervención. Aunque el 65% de las personas tiene algún vínculo con los Servicios Sociales, la atención se realiza mayoritariamente en los despachos.
Solo en el 17,9% de los casos, los técnicos municipales se han acercado al lugar donde realmente vive la persona (barrancos, cuevas, coches o infraviviendas). Esta falta de «visitas de campo» impide a la administración ver la realidad completa: si la persona tiene nevera, si vive entre basura o si tiene una red de apoyo real.
Conclusión: Un sistema que necesita reformas El diagnóstico de Cáritas y el Cabildo es claro: no basta con dar una bolsa de comida. Se necesita «acceso inmediato» a los Servicios Sociales desde el empadronamiento y garantizar, mientras llega la vivienda, puntos de acceso a agua potable, letrinas y duchas. Sin cubrir esa base biológica y legal, la reinserción es una utopía.
