La asociación impugna el nuevo decreto del Cabildo que prohíbe el uso de propiedades privadas y denuncia que la institución insular “oculta documentación clave” al TSJC.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 25 de diciembre de 2025.
La Asociación Tierra Bonita ha vuelto a pedir al Cabildo de La Palma que elimine las “zonas de exclusión” a las que los propietarios de viviendas o terrenos aún no pueden acceder ni dar uso tras la erupción de 2021. Al mismo tiempo, el colectivo ciudadano reitera su solicitud de que se ponga fin al “semáforo amarillo” (nivel de emergencia por riesgo volcánico) para pasar definitivamente al nivel “verde”.
Recurso contra el nuevo decreto
En un recurso potestativo de reposición contra el decreto 2025/12388, en vigor desde principios de diciembre, Tierra Bonita defiende que mantener estas restricciones cuatro años después de la catástrofe “ya no está justificado”. El colectivo argumenta que no existe riesgo inmediato para las personas por emisiones peligrosas ni temperaturas anómalas, algo que, según indican, reconoce el propio documento impugnado.
Subrayan que el Cabildo no sustenta este nuevo decreto en ningún informe científico actualizado que avale la peligrosidad, limitándose a “invocaciones genéricas a supuestos criterios técnicos” sin identificar autoría, fecha ni contenido concreto. Además, advierten de la falta de cobertura jurídica de la figura de “zona de exclusión”, ya que no aparece en la legislación vigente, por lo que el Cabildo no puede imponer prohibiciones generales bajo esa denominación.
Cadena de decretos y “obstrucción” a la justicia
La asociación denuncia que las actuales restricciones forman parte de una cadena de decretos. Contra los anteriores, Tierra Bonita ya apeló ante el Cabildo: el Decreto 2024/5732, que se encuentra recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y el Decreto 2024/12897, que también llevarán a la vía judicial.
Tierra Bonita se queja de que el Cabildo continúa dictando nuevos decretos de contenido equivalente sin informar debidamente al TSJC. A juicio de la entidad, esto impide al órgano judicial disponer de una visión completa de la actuación administrativa y obliga a la asociación a impugnar sucesivamente actos que son “materialmente idénticos”, lo que consideran un grave vicio jurídico que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva.
Incoherencia con las nuevas leyes y el semáforo volcánico
Asimismo, el colectivo discrepa con el mantenimiento del semáforo amarillo sostenido por el PEVOLCA y el PEINPAL. Sostienen que este nivel está diseñado para ser transitorio y ligado a una fase preeruptiva que ya no existe.
Critican también que el nuevo decreto “ignora por completo” la Ley 2/2024 de recuperación territorial de La Palma y la reciente Ley 5/2025 de Volcanes de Canarias, que impone principios de proporcionalidad, temporalidad y participación pública. En este sentido, denuncian que el Consejo Sectorial para la Recuperación de La Palma no ha sido convocado desde su constitución en abril de 2023.
El «absurdo» de Puerto Naos y La Bombilla
Para Tierra Bonita, resulta contradictorio mantener “zonas de exclusión” en Puerto Naos y La Bombilla, donde ya residen vecinos de forma habitual o se ejecutan obras públicas y actividades agrícolas. “No resulta jurídicamente coherente prohibir el acceso general a la ciudadanía mientras la propia Administración autoriza y promueve actuaciones de reconstrucción en esos mismos espacios”, concluye el escrito de impugnación.
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