La Asociación Tierra Bonita ha manifestado su «perplejidad y preocupación» ante la gestión de los fondos estatales para la reconstrucción del Valle de Aridane. Tras la reciente visita del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el colectivo ciudadano ha denunciado que se está privando a los damnificados de información crucial sobre cómo y por qué se ejecutan determinadas obras, lo que pone en riesgo la equidad y los derechos de propiedad de los vecinos.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 13 de febrero de 2026.
EL VALLE DE ARIDANE. Los vecinos afectados por la erupción de 2021 se enfrentan a un escenario de incertidumbre sobre el futuro de sus propiedades. La Asociación Tierra Bonita ha denunciado públicamente que el Cabildo de La Palma y los tres ayuntamientos de la comarca (Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte) mantienen una «negativa sistemática» a facilitar los expedientes de las obras de reconstrucción financiadas por el Estado. Según el colectivo, se está utilizando el «paraguas de la emergencia» para realizar adjudicaciones directas sin los debidos procedimientos de publicidad e igualdad de trato, lo que alimenta sospechas sobre una reconstrucción «a la carta» supeditada a intereses particulares.
Lo que está en juego para la ciudadanía es el derecho básico a la participación y la reparación integral de los daños. Tierra Bonita alerta de que muchos propietarios ni siquiera han sido notificados sobre cómo los nuevos viales afectarán a sus terrenos, lo que vulnera sus derechos y dificulta la reclamación de posibles compensaciones o expropiaciones justas. Esta falta de respuesta, que persiste incluso ante requerimientos del Comisionado de Transparencia de Canarias, ha llevado a la asociación a anunciar que recurrirá a la justicia ordinaria para fiscalizar el uso de los fondos públicos.
Cinco medidas urgentes por la transparencia Ante este bloqueo, la asociación exige la implementación inmediata de cinco medidas de transparencia: la publicación íntegra de toda la documentación del convenio; notificaciones formales a los vecinos sobre el impacto de las obras en sus suelos; una revisión de las adjudicaciones con participación de los afectados; la creación de un canal de participación ciudadana con trazabilidad de respuestas; y la garantía de procesos justos de indemnización y servidumbre.
Debido a la opacidad en el ámbito local, Tierra Bonita elevará sus peticiones directamente al Gobierno de España. Solicitarán informes detallados sobre el estado de ejecución de cada obra, registros de pagos y certificaciones para detectar posibles desviaciones presupuestarias. El colectivo considera «muy preocupante» que no existan datos accesibles sobre los criterios de adjudicación ni sobre la supervisión técnica de los trabajos, lo que crea un «caldo de cultivo» para posibles irregularidades en la gestión de las subvenciones y la contratación pública.
