La iniciativa parlamentaria busca ampliar los plazos de ejecución de los fondos Next Generation, evitando que la complejidad administrativa y la falta de instaladores pongan en riesgo la descarbonización del archipiélago.
Redacción. El Faro de La Palma, 10 de abril de 2026.
El archipiélago canario se enfrenta a una carrera contra el reloj para no perder una oportunidad histórica de transformación energética. La diputada palmera Raquel Díaz ha elevado al Parlamento una propuesta clave: solicitar la ampliación de los plazos de ejecución y justificación de los fondos Next Generation destinados a la Estrategia de Energía Sostenible de Canarias.
Actualmente, las islas gestionan un volumen de recursos energéticos sin precedentes, muy superior a la media nacional en proporción a su población. En total, Canarias dispone de 446 millones de euros (145 millones ordinarios y 301 extraordinarios por su condición de región ultraperiférica) destinados a programas de autoconsumo y movilidad sostenible. Sin embargo, el límite fijado para junio de 2026 se presenta como un muro difícil de franquear.
Un plazo desigual para un reto mayúsculo
Díaz advierte de una desigualdad administrativa evidente: aunque los fondos extraordinarios fueron asignados un año más tarde que los ordinarios, el Ministerio les ha impuesto la misma fecha de caducidad. «Es un plazo especialmente exigente», subraya la diputada, señalando que la «descarbonización del archipiélago» no puede depender de calendarios que no tienen en cuenta la realidad del territorio.
Los programas gestionados directamente por la comunidad autónoma se están topando con tres grandes obstáculos:
- Saturación administrativa: El elevado volumen de solicitudes ha desbordado los cauces de gestión.
- Complejidad técnica: Los proyectos subvencionables requieren una justificación técnica muy rigurosa.
- Realidad geográfica (RUP): La escasez de instaladores especializados en las islas y los retrasos en las cadenas de suministro logístico dificultan cumplir con las instalaciones en los tiempos marcados.
Evitar el perjuicio a ciudadanos y empresas
El riesgo es real y tangible: decenas de millones de euros podrían tener que devolverse si no se flexibilizan las fechas. Esto no solo afectaría a las arcas públicas, sino que supondría un golpe directo a familias y pequeñas empresas que ya han comprometido sus inversiones confiando en estas ayudas.
La propuesta critica además que otros programas gestionados directamente por el Estado (a través del IDAE) sí han contado con prórrogas, mientras que los planes gestionados por el Gobierno de Canarias siguen bajo la presión del calendario original. El objetivo final de esta iniciativa es garantizar la igualdad de condiciones y asegurar que Canarias pueda completar su transición hacia un modelo energético sostenible con todas las garantías.
