Las recientes declaraciones del presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, admitiendo no estar «contento con el ritmo» de la cesión de suelo municipal para vivienda, no son una novedad, sino la constatación de un fracaso a múltiples niveles que este periódico ha venido documentando. La parálisis no se debe a un único factor, sino a una tormenta perfecta donde la lentitud burocrática se une a la falta de valentía política y a un mercado de alquiler descontrolado.
El cuello de botella municipal: dos años perdidos
El dato aportado por el presidente es demoledor: una medida para financiar la compra de suelo dotada con 5 millones de euros, aprobada hace dos años, solo ha sido aprovechada por seis de los catorce ayuntamientos. La reciente incorporación de Santa Cruz de La Palma, aunque positiva, evidencia la inacción del resto. Este retraso de dos años no es trivial; en un proceso donde la construcción de las viviendas puede llevar otros tantos, cada mes de inacción es un mes más de angustia para cientos de familias. Esta «falta de un claro apoyo municipal», como la califica este medio, es el primer gran obstáculo.
El elefante en la habitación: la vivienda vacacional y la inacción del Gobierno
Mientras los ayuntamientos fallan en generar nuevo suelo, el Gobierno de Canarias sigue sin regular eficazmente el fenómeno de la vivienda vacacional. La proliferación de este modelo está drenando el ya de por sí escaso stock de alquiler a largo plazo, disparando los precios hasta niveles inasumibles. Esta falta de legislación audaz crea una presión insostenible sobre el mercado, con consecuencias directas y dramáticas.
El resultado es un panorama desolador que va más allá de los afectados por el volcán. Se ha llegado a una situación límite en la que funcionarios y trabajadores esenciales, como médicos o profesores, se ven forzados a rechazar plazas en La Palma por la imposibilidad de encontrar un alquiler asequible. Es la pescadilla que se muerde la cola: la falta de vivienda no solo expulsa a los locales, sino que impide la llegada del talento necesario para la reconstrucción y el funcionamiento de los servicios públicos.
En definitiva, las palabras de Sergio Rodríguez son un llamado de atención. La crisis habitacional en La Palma es una emergencia que exige menos lamentos y más acción coordinada: desde el Gobierno de Canarias, con una regulación valiente del alquiler vacacional, hasta el último de los ayuntamientos, agilizando la cesión de suelo. El tiempo de las excusas se ha agotado.
