Nieves Lady Barreto advierte de la «gran complejidad» de ejecutar el pago en un solo mes tras el retraso del Estado en dar el permiso. «No es dinero de Madrid, es superávit canario», aclara la consejera.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 1 de Diciembre de 2025.
SANTA CRUZ DE TENERIFE / LA PALMA.-Luz verde al dinero, pero con el cronómetro en contra. El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado hoy a la Consejería de Presidencia el uso de 100 millones de euros del superávit de la comunidad autónoma. El objetivo: compensar el valor de las propiedades agrícolas y fincas sepultadas por el volcán.
Sin embargo, la consejera Nieves Lady Barreto ha rebajado la euforia con un baño de realidad administrativa y crítica política. El Estado ha tardado siete meses en autorizar el uso de estos fondos canarios, lo que obliga ahora a tramitar y pagar todos los expedientes antes del 31 de diciembre.
«Mañana y tarde» para llegar a tiempo «A nadie se le escapa que en un mes es muy complicado ejecutar 100 millones de euros», reconoció Barreto. Aunque ya hay expedientes preparados por valor de unos 40 millones, queda mucho trabajo por culminar. La Consejería de Hacienda debe posicionar los fondos y Presidencia firmar las órdenes. «Todo el equipo técnico trabajará mañana y tarde», aseguró la consejera.
Crítica a Madrid: «No ponen ni un euro» Barreto quiso ser tajante respecto al origen del dinero para evitar confusiones. «El Gobierno de España no pone el dinero, solo autoriza a Canarias a usar su propio remanente». La consejera denunció el incumplimiento de la Agenda Canaria: el Estado debía aportar 100 millones anuales (2023-2027), pero desde 2023 «no ha puesto ni un euro más», adeudando ya los 200 millones correspondientes a 2024 y 2025.
«La pena es que este dinero podía estar ingresado hace meses si el Gobierno de España hubiese autorizado su uso en abril, cuando lo pidió el presidente Clavijo. Ahora hay que concentrar el trabajo de un año en menos de un mes», lamentó.
Las cuentas de la reconstrucción El acuerdo original estimaba en 600 millones el valor de las propiedades privadas perdidas. El reparto pactado era:
- Gobierno de España: 400 millones (100/año). Solo pagó la primera anualidad.
- Gobierno de Canarias: 200 millones (50/año).
«Si no han transferido su parte no es por falta de dinero, porque está en los Presupuestos prorrogados, es porque no han querido», sentenció Barreto.
