El Pleno del Cabildo de La Palma ha aprobado una moción que denuncia la situación de vulnerabilidad que atraviesan los agricultores y ganaderos de la isla. La iniciativa pone el foco en los posibles recortes de fondos esenciales de la Política Agraria Común (PAC) y en la aplicación provisional del acuerdo comercial con Mercosur, dos medidas que el grupo de gobierno considera una amenaza directa para la continuidad de la actividad agraria en las islas.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 6 DE MARZO DE 2026.
SANTA CRUZ DE LA PALMA.- Durante la sesión, el portavoz Juan Ramón Felipe presentó datos alarmantes sobre el encarecimiento de la producción en La Palma entre los años 2019 y 2024, situándose actualmente un 40% por encima de la media nacional:
- Hortalizas: Incremento del 38% en los costes.
- Plátano: Subida del 33,5%.
- Frutales: Aumento del 28,2%.
Ante estas cifras, el Cabildo tacha de «inadmisible» la propuesta de la Comisión Europea de sustituir fondos diferenciados como el FEAGA o el FEMPA por un fondo único multifuncional, lo que diluiría la protección específica que necesitan las regiones ultraperiféricas.
El blindaje del POSEI y la singularidad canaria
Uno de los puntos clave de la moción es la defensa del POSEI como una herramienta de compensación y no como un privilegio.
«Europa no puede pretender gestionar Canarias desde un plan nacional único diseñado en Madrid que ignore nuestras singularidades», subrayó Juan Ramón Felipe.
El acuerdo institucional busca que el marco financiero plurianual 2028-2034 no solo mantenga, sino que incremente la ficha financiera para compensar el aumento exponencial de los costes operativos en el archipiélago.
Rechazo al acuerdo con Mercosur
La corporación insular también ha mostrado su rechazo frontal a la aplicación provisional del Acuerdo Comercial UE-Mercosur, impulsado por la Comisión presidida por Ursula von der Leyen. Según la moción, este tratado permite la entrada de productos de países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que no cumplen con las estrictas normativas laborales y ambientales exigidas a los productores europeos.
Para el Cabildo, esta situación supone una «competencia desleal» que fomenta la desagrarización de la isla y pone en riesgo la soberanía alimentaria y la economía local. Por ello, se exige la paralización inmediata del acuerdo hasta que exista un pronunciamiento definitivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
