Los vecinos de El Paso se enfrentan a una nueva incertidumbre sobre la conservación de su patrimonio natural. Según denuncian desde las filas socialistas, el anunciado blindaje para la Cueva Tiznada carece de respaldo administrativo real, lo que deja este espacio emblemático de El Riachuelo sin las garantías legales y cautelares que otorga la ley, exponiéndolo a actividades incompatibles con su preservación.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 18 de febrero de 2026.
EL PASO.- La controversia política se aviva en El Paso a cuenta de la gestión del patrimonio local. Los concejales socialistas, Daniel Rodríguez y Bryan Martín, han dado la voz de alarma tras confirmar en el último pleno municipal que no existe una incoación formal del expediente para declarar la Cueva Tiznada como Bien de Interés Cultural (BIC). Para el PSOE, esta situación es un ejemplo de «doble lenguaje y demagogia» por parte de Coalición Canaria, que estaría «jugando al despiste» con la protección de El Riachuelo y la naturaleza del municipio.
Durante la sesión plenaria del pasado 29 de enero, el edil responsable de Patrimonio no pudo ratificar la existencia de dicho procedimiento administrativo ante las preguntas de la oposición, limitándose a una respuesta que los socialistas tachan de ambigua e insuficiente. Esta falta de rigor administrativo tiene consecuencias directas y graves sobre el terreno: según aclara el PSOE, sin un expediente iniciado no se activan los efectos jurídicos de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias. En términos prácticos, esto significa que no hay régimen de protección cautelar ni se suspenden actividades que puedan dañar el entorno.
Los representantes socialistas exigen «claridad, rigor y responsabilidad institucional», criticando que se realicen anuncios «a bombo y platillo» sin un respaldo jurídico que los sustente, lo que consideran una maniobra para «blanquear la inacción del gobierno municipal». Daniel Rodríguez y Bryan Martín han garantizado que seguirán utilizando todas las vías institucionales para exigir coherencia entre los anuncios públicos y las acciones reales, asegurando que la protección de la naturaleza pasense debe ser una prioridad con seguridad jurídica y no solo una estrategia de comunicación.
