Desde mi casa al trabajo tengo que pasar por cuatro estaciones de servicio, es decir, gasolineras. Cruzar los dedos al pasar por ellas se ha convertido en el nuevo deporte de riesgo en La Palma. Mientras que en las islas capitalinas repostar da un respiro, en las llamadas islas verdes el surtidor de gasolina se siente más bien como un atraco a mano armada con guante blanco. Nos dicen que es la insularidad, la guerra, el coste del transporte marítimo o el tamaño del mercado. Excusas de manual. La realidad económica tiene un nombre mucho más directo y menos romántico: oligopolio colusivo.

Esto ocurre cuando las pocas empresas que dominan un mercado deciden cooperar en lugar de competir, alcanzando acuerdos explícitos o secretos para fijar precios altos, limitar la producción o repartirse los clientes. Al eliminar la rivalidad comercial, estas firmas actúan en la práctica como un monopolio para maximizar sus beneficios conjuntos, lo que perjudica directamente a los consumidores, quienes pierden opciones de elección y pagan precios artificialmente elevados.

Siempre he sido defensor del libre mercado y de premiar la competencia. Si hay varias gasolineras, se pelearán por ofrecer el mejor precio para atraer al cliente. Pero en la práctica palmera, lo que vivimos es un sospechoso juego de espejos. No hace falta que los directivos de las grandes distribuidoras se reúnan en una habitación oscura para pactar precios. La economía lo llama colusión tácita o paralelismo de precios: basta con que el operador dominante marque una tarifa prohibitiva para que el resto, como un coro bien ensayado, suba los suyos a los pocos minutos. Saben que el consumidor no tiene escapatoria. Debido al daño económico que causan, estas prácticas están prohibidas por las leyes de defensa de la competencia en la mayoría de los países, lo que obliga a las empresas a operar con mucha cautela y sigilo para evitar multas multimillonarias.

Y es ahí donde reside la verdadera crueldad de este sistema. La gasolina en una isla con nuestra orografía no es un bien de lujo; es el cordón umbilical que une nuestros pueblos, nuestros empleos y nuestras familias. Al enfrentarse a una demanda inelástica —es decir, que tenemos que repostar sí o sí, cueste lo que cueste—, el ciudadano de a pie se encuentra en una situación de absoluta indefensión. Da igual cuánto protestemos o cuánto intente la Administración maquillar la sangría con ayudas de última hora o bonificaciones específicas directas; el dinero público termina, por un embudo invisible, engordando los mismos márgenes de beneficio de las petroleras de siempre.

Es cierto que en tiempos recientes la tímida llegada de alternativas de bajo coste en puntos aislados de la isla ha demostrado que sí se puede vender más barato, abriendo brechas de hasta 14 céntimos por litro. Pero una golondrina no hace verano. Mientras las grandes marcas sigan controlando el grueso de los surtidores estratégicos de La Palma, seguiremos pagando el combustible a precio de oro. No podemos seguir normalizando que vivir en una isla no capitalina signifique aceptar un castigo financiero diario.

Es hora de exigir auditorías de competencia reales, que se investiguen a fondo estos márgenes abusivos y que las instituciones dejen de mirar a otro lado. De lo contrario, seguiremos atrapados en sus surtidores: pagando el peaje de un acuerdo encubierto que vacía nuestros tanques y llena sus bolsillos.

Iván Díaz
Profesor de Economía