Redacción El Faro de La Palma · 23 de julio de 2026

El Parlamento de Canarias rechazó el miércoles debatir las enmiendas que el Cabildo de La Palma había pedido tramitar in voce para blindar el uso turístico de las viviendas destruidas por el volcán y reforzar la Ley de Islas Verdes. Los votos que impidieron esa votación llegaron del PSOE y de Nueva Canarias, y el presidente insular, Sergio Rodríguez, no se ha quedado callado: «El PSOE tendrá que explicar por qué vota en contra de La Palma en el Parlamento de Canarias».

Qué pedía el Cabildo y por qué se quedó fuera del debate

La institución insular envió una carta a todos los grupos parlamentarios pidiendo debatir dos enmiendas dentro de la modificación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. El reglamento exige unanimidad para tramitar enmiendas in voce, así que el veto de PSOE y Nueva Canarias bastó para dejarlas fuera, con independencia de cómo hubieran votado después. La primera enmienda buscaba garantizar que las familias que perdieron su casa bajo las coladas del Tajogaite puedan mantener el uso turístico que ya tenían registrado ante el Gobierno de Canarias, sin que se lo impida la exigencia general de cinco años de antigüedad mínima para explotar una vivienda vacacional. La segunda pedía blindar la supremacía de la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma —la Ley de Islas Verdes— frente a la nueva normativa autonómica.

«Lo que ha hecho el señor Perdomo es mentir»

Rodríguez ha ido más allá del reproche político y ha cuestionado directamente al portavoz del PSOE en La Palma, que según el presidente insular había adelantado que su grupo presentaría una enmienda propia «copiando» la que Coalición Canaria lleva meses trabajando en defensa de los afectados por el volcán. El Cabildo asegura haberlo comprobado: no hay ninguna enmienda registrada por parte del PSOE. «Hemos comprobado que no hay ninguna enmienda registrada en este momento por su parte, por lo que lo que ha hecho el señor Perdomo es mentir a la ciudadanía de La Palma», sostiene Rodríguez, que insiste en que en la isla «no existen grandes tenedores ni cadenas de explotación masiva», sino un ecosistema de viviendas unifamiliares que complementan la renta de las familias y fijan población en las medianías.

Jonathan Felipe pide un decreto de urgencia, un asunto que el Faro ya contó

A la protesta del Cabildo se ha sumado el diputado de Coalición Canaria por La Palma y alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, que ha reclamado al Gobierno de Canarias un decreto-ley urgente con requisitos mínimos y transitorios para el alquiler vacacional —la misma petición que ya adelantó esta semana y que este periódico recogió en detalle—. La propuesta, también vetada por PSOE y Nueva Canarias en su tramitación in voce, planteaba un procedimiento simplificado (planos, fotografías y número de expediente) con una moratoria de cinco años para que las viviendas unifamiliares aisladas de las Islas Verdes se adapten a la normativa de actividades clasificadas.

Clavijo promete una salida legal «sin varitas mágicas»

El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha optado por el tono conciliador: aseguró que su Ejecutivo, a través de la Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barreto, seguirá trabajando para dar seguridad jurídica a la aplicación de la Ley de Islas Verdes. «No tenemos varitas ni pócimas mágicas para resolver los problemas de la noche a la mañana, pero sí trabajamos decididamente para buscar soluciones», declaró Clavijo, que reconoció «muchas dificultades» sin comprometerse a un calendario.

La tercera pieza en dos días sobre el mismo pulso

Es ya la tercera vez en 48 horas que este periódico recoge un episodio de este pulso entre el Cabildo y el Gobierno autonómico por las viviendas vacacionales del volcán: primero fue la petición insular de blindaje antes del debate, después la respuesta del PSOE acusando al Cabildo de instrumentalizar a los afectados, y ahora el resultado de la votación y la réplica de Rodríguez. El fondo del debate —cuántas camas turísticas puede permitirse perder La Palma mientras se reconstruye del volcán, y con qué garantías legales para las familias afectadas— sigue sin resolverse.

Fuente: nota de prensa y declaraciones en vídeo de Coalición Canaria de La Palma (23/07/2026).