Hace unos días planteé a mis alumnos de Bachillerato un ejercicio práctico: diseñar sus propios Presupuestos Generales del Estado. El resultado fue un reflejo nítido del pragmatismo juvenil actual. En un ejercicio de tijera institucional sin precedentes, el aula se volvió rotundamente laica y republicana, recortando a cero las partidas de la Iglesia y la Casa Real. Además, con la perspectiva que da vivir en Canarias, detectaron un exceso de gasto en seguridad: les resulta incomprensible la millonaria inversión para solapar en las islas a la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército, Policía Canaria y Policía Local cuando, según su percepción, ese despliegue no se traduce en una seguridad real en las calles. Sin embargo, la pregunta de un estudiante fue la que fundamentó esta reflexión: «Profe, ¿y el Senado? ¿De verdad sirve para algo o podemos borrar su presupuesto?».

La duda es extraordinariamente legítima. Quienes defienden la Cámara Alta argumentan que es necesaria como filtro de segunda lectura para mejorar las leyes del Congreso y como el espacio constitucional idóneo para representar los intereses de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, en la práctica, los contras pesan más que los pros. El Senado actual padece una alarmante falta de poder real: el Congreso siempre tiene la última palabra y puede levantar cualquier veto. Además, la estricta disciplina de partido convierte a los senadores en un eco clónico de los diputados, perdiendo su esencia territorial. Para un estudiante que busca la eficiencia pública, mantener una estructura millonaria de más de 260 escaños que no decide nada se percibe, comprensiblemente, como un gasto superfluo y un retiro dorado para la vieja política.

Tienen razón. Tal y como está hoy, el Senado no sirve para nada. Pero el dilema no debe ser su abolición, sino su reforma urgente. España necesita transformar este órgano moribundo en una verdadera cámara federal con competencias exclusivas y reales sobre la financiación y las leyes regionales, emulando modelos eficaces como el alemán.

Mis alumnos demostraron un instinto impecable para detectar los excesos públicos y el solapamiento de administraciones. Escucharles nos recuerda que ninguna institución democrática es sagrada por el mero hecho de existir; deben ganarse su presupuesto demostrando su utilidad real a los ciudadanos que las financian.